La falta de oferta residencial, el incremento de los precios y las dificultades de movilidad están alterando el mercado laboral hasta el punto de dificultar la captación de talento, incrementar los costes empresariales y frenar proyectos de crecimiento
La crisis de la vivienda ya no puede entenderse únicamente como una cuestión social o urbanística, ya que la dificultad para acceder a una vivienda asequible se ha convertido en un factor que también condiciona la competitividad del tejido empresarial, especialmente de las pequeñas y medianas empresas.
La problemática residencial ha dejado de ser un problema ajeno a la actividad económica para convertirse en uno de los principales retos para el desarrollo empresarial de Cataluña. La tensión del mercado residencial es prácticamente unánime entre las empresas, ya que el 98% considera que el mercado de la vivienda de su zona está tensionado, una percepción que se traduce en dificultades crecientes para encontrar y retener profesionales.
Así lo constata el estudio sobre vivienda del Observatori de la Pime de Catalunya, que también revela que el 63% de las empresas ha tenido dificultades para cubrir vacantes, una cifra que alcanza el 78% si se tienen en cuenta los casos ocasionales. Además, tres de cada cuatro empresas aseguran que hoy necesitan más tiempo que hace solo dos años para incorporar nuevos trabajadores.
Tradicionalmente, estas dificultades se han atribuido a la falta de candidatos con las competencias requeridas. Aunque este continúa siendo el principal obstáculo, se evidencia que hay un nuevo elemento que cada vez pesa más en las decisiones laborales: la imposibilidad de acceder a una vivienda o de desplazarse hasta el lugar de trabajo en unas condiciones asumibles.
La vivienda y la movilidad forman hoy una misma ecuación. El encarecimiento de los alquileres obliga a muchos trabajadores a residir cada vez más lejos de los principales núcleos de actividad económica, lo que incrementa el tiempo y el coste de los desplazamientos. Entre las empresas que tienen dificultades para contratar, el 56% identifica problemas vinculados a la movilidad, como la duración de los trayectos, el coste del transporte, las carencias en la conexión del transporte público o la incompatibilidad de los horarios.
Al mismo tiempo, un 33% señala directamente factores residenciales, como la falta de vivienda asequible o el elevado coste de vivir cerca del centro de trabajo. Estos datos muestran que las dificultades para acceder a una vivienda no solo afectan a las personas, sino que acaban limitando el alcance geográfico del mercado laboral y reducen el número de candidatos que pueden optar realmente a una vacante.
Un impacto directo sobre la competitividad
El 83% de las empresas considera que el encarecimiento de la vivienda ejerce una presión directa sobre las expectativas salariales de los trabajadores. En un contexto en el que el coste de vida aumenta, muchas empresas se ven obligadas a ofrecer salarios más elevados para mantener su capacidad de atracción, una situación especialmente compleja para las pymes, que disponen de menos margen financiero que las grandes corporaciones.
Además, el 57% de las empresas afirma haber asumido ya sobrecostes relacionados con la vivienda o la movilidad de sus trabajadores, ya sea mediante ayudas, complementos u otras medidas destinadas a facilitar la incorporación y permanencia de la plantilla.
Pero probablemente el dato más preocupante es que aproximadamente una de cada dos empresas reconoce haber limitado, aplazado o incluso descartado decisiones de crecimiento a causa de esta problemática. Es decir, la crisis de la vivienda no solo dificulta la gestión del día a día, sino que también frena inversiones, expansiones y la creación de nuevos puestos de trabajo.
En relación con el tamaño empresarial, las pymes son las que sufren con mayor intensidad esta situación. A diferencia de las grandes compañías, disponen de menos recursos para compensar los sobrecostes derivados de la vivienda o para implementar políticas propias de ayuda residencial y movilidad. Los sectores más afectados son aquellos que requieren una elevada presencialidad o que necesitan incorporar perfiles especializados en territorios concretos, como la industria, la construcción, la logística, el comercio, la hostelería o los servicios de atención a las personas. En estos ámbitos, la dificultad para encontrar trabajadores ya no depende exclusivamente de la disponibilidad de profesionales cualificados, sino también de su capacidad para establecerse o desplazarse hasta el lugar de trabajo.
Abordar la crisis de la vivienda es también una cuestión de política económica porque incrementar la oferta de vivienda asequible, dar estabilidad a las políticas públicas y mejorar las infraestructuras de movilidad no solo contribuye a facilitar el acceso a un derecho fundamental, sino que refuerza la capacidad de las empresas para crecer, innovar y generar empleo.
La vivienda deja de ser únicamente una respuesta a una necesidad social para convertirse en una infraestructura imprescindible para el buen funcionamiento del mercado laboral y de la economía. Porque, si Cataluña quiere mantener un tejido empresarial competitivo, capaz de atraer talento y generar oportunidades, deberá afrontar un reto que va mucho más allá de las paredes de un hogar. Garantizar una vivienda asequible es también garantizar que las empresas puedan seguir desarrollando su actividad, crecer y contribuir al progreso económico del país.
