La inmigración es necesaria y positiva, especialmente en el contexto actual de envejecimiento de la población. En 2024, la población migrante representaba aproximadamente el 20% de la población activa. Pero esto no evita que nos sitúe ante un nuevo reto: la gestión de la movilidad y las políticas de integración, para que respondan a las necesidades del mercado laboral y contribuyan a reducir las desigualdades.
Esta reflexión se enmarca en el diálogo entre diversos actores institucionales, económicos y sociales, que participaron en la sesión organizada por CIDOB y Pimec el 19 de marzo, bajo el título: «Movilidad e integración: claves y hoja de ruta para la inclusión laboral de las personas migrantes en España».
Las conclusiones recogidas en esta sesión se pueden descargar en formato informe, que ofrece un diagnóstico que examina las potencialidades y las limitaciones del modelo español y establece orientaciones estratégicas para favorecer un modelo de movilidad e integración en el mercado laboral más coherente, efectivo e inclusivo.
Siguiendo con los datos, el 48% de las autorizaciones de residencia corresponden a circunstancias excepcionales, como el arraigo, mientras que solo el 32% están vinculadas a la categoría de ‘trabajo’. En cuanto a la movilidad circular, una de las principales vías es la contratación en origen, que ha experimentado un incremento del 30%.
Uno de los principales problemas del sistema es que el actual marco jurídico y de gestión administrativa en materia de extranjería genera disfunciones que dificultan una respuesta suficientemente ágil y eficaz a las necesidades existentes.
A ello se añade el obstáculo del reconocimiento y homologación de titulaciones, tanto universitarias como de profesiones reguladas no universitarias. Este hecho genera una desconexión que dificulta que muchas personas puedan desarrollar plenamente sus cualificaciones y experiencia profesional en el mercado laboral.
Además, la integración laboral también está condicionada por la crisis de la vivienda, ya que el aumento de los precios puede limitar la movilidad geográfica y el acceso a oportunidades laborales. En este sentido, el estudio de Pimec Habitatge, mobilitat i competitivitat de les pimes pone de manifiesto que las dificultades de acceso a una vivienda asequible impactan directamente en la movilidad laboral, la captación y la retención de talento, convirtiéndose también en un factor de competitividad empresarial.
Por ello, las principales líneas de mejora son:
- Integrar, simplificar y agilizar las vías legales de acceso al mercado laboral, reforzando la coordinación institucional y promoviendo canales ordinarios más eficientes y efectivos, que reduzcan la dependencia de mecanismos excepcionales y acorten los tiempos administrativos.
- Reforzar la movilidad circular y los acuerdos con países de origen para poder ajustarla a las necesidades del tejido empresarial.
- Mejorar el reconocimiento de las cualificaciones y la experiencia profesional, haciendo más ágiles y flexibles los sistemas de homologación de títulos y de acreditación de competencias profesionales.
- Actualizar el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para adaptarlo a la demanda real del mercado.
- Mejorar la gobernanza y la coordinación institucional entre las políticas migratorias, laborales y formativas.
En cuanto al modelo de gobernanza de la integración, España obtiene una puntuación de 64 sobre 100 según el Migrant Integration Policy Index (MIPEX). Destaca positivamente en ámbitos como la no discriminación y el acceso universal a la sanidad, pero presenta carencias en el acceso a la nacionalidad o la participación política.
El modelo español no ha experimentado una redefinición estructural profunda, sino que se ha basado en mecanismos excepcionales como la reforma del Reglamento de Extranjería o la regularización extraordinaria. Aunque esto evidencia una elevada capacidad de adaptación, también pone de manifiesto la dependencia de mecanismos excepcionales, en lugar de contar con un sistema ordinario consolidado.
Por ello, las principales líneas de mejora en materia de integración son:
- Reforzar la implementación de políticas migratorias, educativas, sociales y laborales, mejorando la coordinación interadministrativa y la dotación de recursos.
- Combinar políticas universales con medidas específicas para los colectivos más vulnerables.
- Mejorar el reconocimiento de las competencias para poder mejorar la correspondencia entre perfiles laborales y puestos de trabajo.
- Fortalecer los programas de acompañamiento y mejorar la intermediación laboral.
- Integrar las políticas laborales con las sociales, especialmente en ámbitos como la vivienda o la protección social.
La inmigración constituye un elemento estructural del modelo económico y social en España. Por ello, es necesario avanzar hacia un modelo más coherente, coordinado entre todos los actores y agentes sociales y orientado a largo plazo, reforzando así los canales ordinarios de movilidad y la capacidad de implementación.
En definitiva, la inmigración debe formar parte de una estrategia de país orientada a afrontar los retos demográficos, de disponibilidad de talento y de sostenibilidad económica. Desde Pimec consideramos imprescindible impulsar reformas que faciliten vías legales de acceso al mercado laboral, mejoren el reconocimiento de competencias y refuercen las políticas de integración, con una visión de largo plazo y una gobernanza compartida. Solo con un sistema más ágil, coordinado y centrado en las personas y las empresas podremos transformar la movilidad internacional en una verdadera palanca de prosperidad compartida.
M. Àngels Benítez, responsable de Políticas Sociales y de Inclusión Laboral de Pimec
