Las pymes catalanas ante el choque energético derivado de la crisis en Oriente Medio

La tensión geopolítica encarece la energía e incrementa la presión sobre los costes empresariales, con un impacto desigual según los sectores

A pesar de la distancia geográfica, el conflicto en Oriente Medio ya tiene repercusiones en la economía catalana. La escalada de la tensión geopolítica ha sacudido los mercados energéticos y ha provocado, desde el inicio del conflicto, un fuerte incremento del precio del gasóleo que presiona especialmente a las pymes de sectores como el transporte y la agricultura.

En el origen de esta subida se encuentra el bloqueo del estrecho de Ormuz, una infraestructura por la que transita cerca de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo y una parte relevante del GNL. Esta situación ha provocado el aumento del precio del barril de Brent, que ha pasado de los 73 dólares antes del conflicto a superar los 100 dólares en los momentos de máxima tensión; aunque posteriormente se ha moderado, se mantiene en niveles elevados, cerca del umbral de los 100 dólares, a menudo identificado como un nivel crítico para la economía europea.

El conflicto también incide en las exportaciones catalanas a Oriente Medio, un mercado de 2.500 millones de euros anuales, donde crece la incertidumbre tanto en los pedidos como en la logística. Esta incertidumbre, que se suma a la que ya afrontan muchas empresas en los ámbitos comercial y financiero, también erosiona la confianza empresarial y condiciona la toma de decisiones.

La incertidumbre sobre los pedidos y la logística en un mercado de 2.500 millones de euros erosiona la confianza empresarial y condiciona la toma de decisiones de las pymes catalanas

El transporte, la agricultura, la ganadería y los gimnasios, entre los sectores más expuestos

El impacto de esta crisis no es homogéneo y afecta de manera especial a algunos sectores importantes de la economía, como el transporte profesional. Pilar Ortega, gerente de Trans CP y miembro de la Junta Directiva de la Federación de Autotransporte de Tarragona (Feat), explica que el sector está notando el incremento y la volatilidad del precio de los carburantes, uno de sus principales costes operativos, así como retrasos en las operaciones logísticas y, de forma puntual, una cierta reducción de la actividad vinculada a la incertidumbre del contexto internacional. “Si el conflicto se prolonga, nos preocupa especialmente el posible impacto sobre el suministro y un nuevo repunte de los precios, que podría agravar aún más la situación del sector”, señala.

Por otro lado, el conflicto está teniendo un impacto profundo pero desigual sobre el sector agrario y ganadero, tal y como alertan desde Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC). Gemma Comajuncosa, responsable de Política Agraria e Institucional de la entidad, explica que la situación está golpeando con especial dureza a aquellas producciones más dependientes de los insumos energéticos y de los mercados internacionales, teniendo en cuenta el incremento del precio del gasóleo y también de la urea. En este sentido, apunta que el sector cerealista es uno de los más expuestos: “el encarecimiento de los fertilizantes nitrogenados, especialmente de la urea, ha disparado los costes de producción hasta límites difíciles de asumir”, denuncia.

En cuanto al sector ganadero, la responsable de Política Agraria e Institucional de JARC señala que el encarecimiento de los cereales y de las proteínas vegetales se traslada directamente al coste de la alimentación animal, que representa una parte mayoritaria de los gastos de producción. Al mismo tiempo, el aumento del precio del gasóleo y de la electricidad afecta a la climatización de las explotaciones, al funcionamiento de las instalaciones y al transporte de animales y productos.

También los gimnasios y las instalaciones deportivas se están viendo afectados por el incremento de los costes energéticos. Así lo explica el presidente de Pimec Esport, August Tarragó, quien señala que las instalaciones con piscinas son las más perjudicadas, dado su elevado consumo de gas y electricidad. Además, Tarragó apunta que “se están produciendo retrasos y un encarecimiento de los suministros debido al aumento de la incertidumbre en el tránsito de mercancías y al incremento del coste del combustible”.

El impacto del conflicto también llega a las lavanderías industriales, aunque con una incidencia más moderada en algunos casos, tal y como explica David Soler, de RS10 Bugaderia. “En nuestro caso, únicamente nos vemos afectados por el incremento del precio del gasóleo, ya que nuestros camiones son de combustión. Aun así, la afectación no es severa, ya que esta partida no alcanza el 3,5 % del total de los costes”, señala. Por otro lado, Soler explica que, a raíz de la crisis energética provocada por el inicio de la guerra en Ucrania, adoptaron medidas que les han permitido esquivar el impacto del encarecimiento de la electricidad y del gas: “Optamos por establecer tarifas cerradas tanto de gas como de electricidad y ahora no nos vemos afectados por las variaciones de precios”, afirma.

Medidas para contener el impacto sobre las pymes

Ante este escenario, son necesarias medidas concretas para evitar que las pequeñas y medianas empresas vuelvan a concentrar el impacto de crisis geopolíticas globales, así como para prevenir un efecto dominó sobre los precios y la actividad económica, tal y como ha reclamado Pimec.

Para dar respuesta a la situación de crisis, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha adoptado medidas con actuaciones orientadas a proteger el tejido económico, impulsar la internacionalización y reforzar los sectores especialmente afectados. Este paquete se suma a las medidas aprobadas por el Gobierno español, que ha activado un plan de choque con una movilización de 5.000 millones de euros.

Es necesario garantizar que las ayudas lleguen con agilidad a las pymes y priorizar medidas de impacto inmediato para contener los elevados costes energéticos

Un escenario incierto, entre el choque puntual y el riesgo de reactivación

La gravedad final de la situación estará determinada tanto por la intensidad como por la persistencia del encarecimiento del petróleo. En este sentido, la pausa inicial de dos semanas ha dado paso a una fase de negociación todavía abierta, con un alto el fuego pero sin un acuerdo definitivo. Esta situación modera el riesgo de un choque extremo mientras no se produzca una escalada generalizada, pero confirma que la incertidumbre sobre el precio de la energía sigue abierta mientras continúen pendientes el desbloqueo del estrecho de Ormuz y las condiciones de un eventual acuerdo.

Si esta vía diplomática se consolida y permite restablecer con garantías el tránsito energético, el episodio podría acabar teniendo el alcance de un choque intenso pero limitado en el tiempo. Si, por el contrario, las negociaciones se estancan o se reactivan las hostilidades, lo que inicialmente parecía una ventana de alivio volvería a convertirse en un factor de presión persistente sobre los costes, la tesorería y la competitividad empresarial. En este sentido, el mes de junio será determinante para comprobar si el impacto se mantiene como un choque puntual o si empieza a derivar hacia un escenario de presión más estructural sobre la actividad empresarial.

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