Cada gran incendio que vive Cataluña se presenta como una emergencia. Pero la verdadera emergencia es otra: hace demasiados años que sabemos qué hay que hacer en nuestros bosques y seguimos actuando como si todavía nos faltara el diagnóstico. No nos falta conocimiento. Nos falta decisión.
Cada verano, cuando las temperaturas suben y aumenta el riesgo de incendio, todos miramos hacia nuestros bosques. Los servicios de emergencia se preparan, los medios informan de cada columna de humo y la sociedad sigue con preocupación la evolución de los incendios. Es normal. Cuando llega el fuego, toda la atención se centra en la emergencia.
Pero los grandes incendios no empiezan el día en que aparece la primera llama. Empiezan mucho antes, cuando dejamos de gestionar el territorio.
Cataluña es un país forestal. Más del 60 % de su territorio es superficie forestal, una cifra que ha crecido durante las últimas décadas debido al abandono de la actividad agraria, la reducción de los aprovechamientos forestales y los cambios en los usos del suelo. El resultado es un paisaje con una elevada continuidad de masa forestal y una acumulación de combustible vegetal que incrementa el riesgo cuando coinciden la sequía, las altas temperaturas y el viento.
El cambio climático ha cambiado las reglas del juego. Las sequías son más largas, las olas de calor más frecuentes y los episodios meteorológicos extremos más intensos. Nuestros bosques son hoy más vulnerables que hace apenas unas décadas. Pero no nos equivoquemos: el cambio climático explica una parte del problema; no justifica la inacción. Precisamente porque el riesgo es mayor, la gestión forestal es hoy más necesaria que nunca.
Hace años que los expertos, los investigadores y el propio sector forestal coincidimos en el diagnóstico. Sabemos que la gestión forestal reduce la vulnerabilidad de los bosques, disminuye la intensidad de los incendios y mejora la capacidad del territorio para adaptarse a un clima cada vez más exigente.
Por tanto, el debate ya no es si hay que gestionar los bosques. Ese consenso existe. La pregunta es otra: ¿estamos dispuestos a convertir la gestión forestal en una auténtica política de país?
Una política forestal no se construye únicamente con planes o declaraciones. Se construye con planificación, presupuestos estables, continuidad y capacidad de ejecución. Y es aquí donde, con demasiada frecuencia, olvidamos una cuestión fundamental: ¿quién hace posible esta gestión?
Cataluña cuenta con un tejido empresarial forestal altamente especializado, formado por empresas comprometidas con el territorio que trabajamos durante todo el año para que nuestros bosques sean más resilientes. Somos profesionales que conocemos el terreno, disponemos de maquinaria específica, acumulamos experiencia y ejecutamos actuaciones tan esenciales como el mantenimiento de franjas de protección, la gestión de la biomasa o la recuperación de caminos forestales.
Es un trabajo discreto. Cuando está bien hecho, apenas se ve. Y precisamente ese es nuestro éxito: evitar que muchos incendios lleguen a convertirse en grandes catástrofes.
Por eso hay que decirlo claramente: sin empresas forestales no hay política forestal. Sin profesionales, sin capacidad técnica y sin un tejido empresarial fuerte, cualquier estrategia queda reducida a un documento. Las empresas forestales no somos un actor secundario; somos la pieza que transforma las políticas en actuaciones reales sobre el territorio.
Este sector necesita estabilidad, planificación y una actividad continuada. No podemos pretender que las empresas mantengan equipos cualificados, inviertan en tecnología y conserven su capacidad operativa si solo hay trabajo cuando se produce una emergencia o cuando se activan programas extraordinarios. La prevención no se puede improvisar.
Invertir en gestión forestal no es un gasto. Es una inversión en seguridad, en adaptación al cambio climático, en biodiversidad, en economía rural y en futuro. También es una apuesta por mantener vivo un tejido empresarial que genera empleo cualificado, fija actividad en el territorio y aporta un conocimiento que el país no puede permitirse perder.
Cataluña no necesita más diagnósticos. Hace décadas que sabemos qué hay que hacer. Lo que necesita es la determinación de convertir este conocimiento en una política pública sostenida, con recursos suficientes, planificación a largo plazo y confianza en los profesionales que la hacen posible.
La pregunta ya no es si podemos permitirnos invertir en prevención. La pregunta es si podemos permitirnos seguir sin hacerlo.
Cada año que aplazamos la gestión forestal es un año en el que acumulamos más riesgo, más combustible y más vulnerabilidad. Los incendios seguirán existiendo, pero su intensidad y sus consecuencias dependerán, en gran medida, de las decisiones que tomemos hoy.
Porque los grandes incendios no se evitan únicamente cuando se apagan. Se evitan mucho antes, cuando un país decide gestionar sus bosques, reforzar su tejido empresarial forestal y entender que la prevención es la mejor política de protección del territorio.
La gestión forestal no es solo una política ambiental. Es una política de seguridad, de desarrollo económico y de responsabilidad con las generaciones futuras. Y este es un compromiso que ya no admite más demora.
